14 Nov ANTE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL HACIA LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Ecuador asiste a recurrentes episodios de extrema crueldad y violencia en los centros de privación de libertad y en las calles, sin respuestas adecuadas de las autoridades. Denunciamos con preocupación que, desde discursos oficiales del Ejecutivo y el Legislativo, se critica el papel de las y los defensores de derechos humanos –equiparándonos a un peligro público– y se nos posiciona como cómplices y defensores de «delincuentes». La Constitución señala que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Las y los defensores apoyamos este rol para garantizar los derechos de todas y todos –incluidas las personas privadas de la libertad– y llegamos a suplir incluso, la inercia estatal.
Como defensoras y defensores actuamos pacíficamente, visibilizamos y denunciamos situaciones de injusticia social, combatimos la impunidad y damos vida a los procesos democráticos. Las mujeres y disidencias sexo genéricas enfrentamos riesgos específicos en el ámbito público y privado cuando defendemos nuestros derechos, porque habitamos en un contexto de misoginia y homofobia que es violento estructuralmente y los costos personales y grupales de nuestras acciones a menudo afectan nuestros proyectos de vida y ponen en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias.
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