En el 2014, Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo coordinó el proyecto de elaboración del Informe Sombra al Comité de la CEDAW. En el proceso, se conformó la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, colectivo integrado por 19 organizaciones de carácter local y nacional, con el objetivo de construir participativamente dicho informe y difundir sus contenidos en todo el país, posicionando así diferentes problemáticas en el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres ecuatorianas, entre ellos las violencias de género contra las mujeres.

En el Informe Sombra, se identificaron las falencias legislativas para enfrentar las violencias de género contra las mujeres, toda vez que la anterior Ley 103 fue desmembrada con la aprobación del Código Orgánico Integral Penal. El COIP, es fundamentalmente sancionador y no contempla los aspectos relativos a la prevención, al sistema de protección, a la institucionalidad y a la restitución integral de derechos de las sobrevivientes de violencias, por lo cual la Coalición decidió impulsar una nueva Ley “Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”.
La violencia contra las mujeres en el Ecuador, al igual que en el resto del mundo, tiene origen en las relaciones desiguales de poder y la existencia de estereotipos que colocan a la mujer como inferior al
hombre.

Las cifras son alarmantes: 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia en el país, es decir de 3,2 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia; de ellas, la cuarta parte han sido víctimas de violencia sexual. La violencia socava los derechos humanos de las mujeres y también impacta en el desarrollo de la sociedad, por lo que es necesario contar con un marco legislativo que permita formular e implementar políticas públicas de prevención, protección y reparación de derechos de las sobrevivientes de violencia y sus familias.