En el mes de la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas ….. el Gobierno Nacional nos da malas noticias. Son malas noticias en materia de institucionalidad y recursos sobre todo para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y para las mujeres ecuatorianas que somos la mitad de la población.

A un año de la creación de la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de Violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes constatamos varios hechos:

1. La  Secretaría de Derechos Humanos como institución rectora de la Ley de Violencia contra las Mujeres presentó al Ministerio de Finanzas una proforma por USD 5´408.561. Este monto incluía la implementación de nuevas casas de acogida y centros de atención integral, así como el fortalecimiento de los servicios de protección especial de atención directa a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia. La Proforma Presupuestaria 2020 enviada por el Ministerio de Finanzas a la Asamblea Nacional asignó USD 876.862 para la aplicación de la Ley.
2. No se aprobaron los proyectos de inversión de los ministerios de Salud, Educación e Inclusión Social para la implementación de la Política de Prevención de Embarazo en Niñas y Adolescentes. La inversión de USD 16´430.000 en el 2020 sería una muestra de la decisión de enfrentar el embarazo infantil y las muertes de mujeres, niñas y adolescentes por aborto; pero no! …. No habrán recursos para el programa de educación sexual integral ni para la dotación de métodos anticonceptivos, así como tampoco será posible ninguna campaña informativa.
3. En lugar de fortalecer la Secretaría de Derechos Humanos, lamentablemente se pretende una reestructura institucional que tiene como objetivo debilitar la misión institucional de rectoría de la Política de Derechos Humanos y de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. A nombre del uso eficiente y racional de los recursos y la optimización del talento humano y sus capacidades en las estructuras del nivel central y desconcentrado, optaron por escatimar recursos para Derechos Humanos y Violencia contra las Mujeres, recortar la estructuras institucional desconcentrada de la SDH y de esa manera, eliminar la posibilidad de que se aplique la Ley Orgánica Integral de Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. En la Proforma 2020, mientras la SDH tiene una asignación 11´400.000, el Servicio de Rehabilitación tiene 98´400.000. Escogieron el camino de recortar y debilitar la institucionalidad y eliminar derechos.

Y estas noticias nos dejan aún más perplejas porque a los decisores no les importa las 95 mujeres victimas de femicidio del 2019, ni las 2.415 niñas forzadas a la maternidad en 2018, ni tampoco las más de 3.500 víctimas de abuso sexual en el sistema educativo. No les importa las víctimas y sus familias que reciben apoyo sico social de los Servicios de Protección Integral para rehacer sus proyectos de vida en 46 Distritos del País; así como tampoco importan las Casas de Acogida y los Centros de Atención a Víctimas que funcionan en convenio con organizaciones de la Sociedad Civil, ni la contraparte para las nuevas Casas que debían implementarse en el 2020 junto con Municipios aliados en el marco del Acuerdo Nacional 2030 por una Vida Libre de Violencias.

Esto, señor Presidente sólo tiene un nombre: preservar el orden patriarcal, reproducir el machismo, naturalizar la violencia contra las mujeres en el Estado y en la sociedad;  y es sin duda, una estrategia para impedir el avance de los derechos de las mujeres y la justicia de género en el Estado ecuatoriano.

Cuenta usted en su gestión con funcionarias y funcionarios “pragmáticos” que no tienen la más mínima empatía con las víctimas de violencia, que no conocen la realidad del país, que no aceptan el mandato del Plan de Desarrollo Toda Una vida que establece que la violencia de género contra las mujeres y niñas ecuatorianas es un problema estructural de la sociedad ecuatoriana que requiere prioridad de la política de Estado.  Esas personas no honran los compromisos presidenciales, ni les interesa operativizarlos, sino todo lo contrario, se empeñan en poner en marcha sus agendas ideológicas, políticas o electorales propias, personales o de grupo; todo lo cual desvirtúa y corrompe la gestión pública y obstaculiza el cumplimiento del rol garante y protector de derechos que debe desempeñar el Estado ecuatoriano como establece la Constitución.

Así mismo constatamos con rabia y dolor que los esfuerzos por poner en funcionamiento los compromisos construidos con 163 autoridades locales en marco del Acuerdo Nacional 2030 Por una vida libre de violencia, se diluye completamente en la Proforma Presupuestaria 2020 y la decisión de dar por terminado el proceso del Acuerdo en diciembre próximo.

En el contexto actual de crisis económica, política y social, estas decisiones contribuyen a la exacerbación de la situación de indefensión generalizada que vivimos las mujeres ecuatorianas y constituye un ataque frontal a las conquistas sociales.

Con estos antecedentes señor Presidente, a nombre de las organizaciones integrantes de la Coalición Nacional de Mujeres le solicitamos dejar sin efecto la pretendida propuesta de disminuir la jerarquía institucional y recortar la estructura desconcentrada de la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de Violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.

Así mismo, le exigimos revisar y ajustar las asignaciones presupuestarias de la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia y de la Política de Prevención del Embarazo en  Niñas y Adolescentes que involucra a los Ministerios de Salud, Educación e Inclusión Social; estableciendo mecanismos y cronograma de desembolsos, que posibiliten operativizar todos los Acuerdos Programáticos alcanzados en las 16 cumbres territoriales del Acuerdo Nacional 2030 Por Una Vida Libre de Violencias y el cumplimiento de los Programas de Misión Mujer.

VIOLENCIA NUNCA MAS! 

IMPLEMENTACION DE LA LOIV!

Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador